Castilla-la Mancha, prototipo de la España Popular (II): las instituciones

El gobierno del Partido Popular llegó a Castilla-la Mancha (CLM para abreviar) con la intención de quedarse y sentar cátedra para el resto de las autonomías. No improvisa, sino que está siguiendo una clara estrategia que requiere de cambios en el sistema electoral, en las instituciones, y en la cultura política. En el primer capítulo hablaba de los efectos de los cambios introducidos en el sistema electoral, en este artículo me centraré en la transformación de un sistema que ya era corruptor, en también encubridor. Es mucho más importante de lo que se percibe a simple vista, pero aún no es, en mi opinión, el cambio primordial. De eso hablaremos en otro capítulo. Mientras tanto, espero que hayan vaciado el orinal pero lo sigan teniendo a mano, porque allá vamos.
 
Ya mencioné en la ponencia de la propuesta del sistema electoral de EQUO-CLM que el sistema es corruptor por diseño al forzar que las Presidencias, tanto la autonómica como la estatal, sean parlamentarios electos: los dirigentes de un partido político mayoritario eligen a quienes ocuparán sus listas, que por lo tanto les deberán sus puestos, y los ingresos correspondientes. A cambio, las personas elegidas deberán apoyar a la cúpula de su partido cuando estos se presenten a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, o del Estado. Hasta aquí, nadie le debe nada al electorado, que sólo puede elegir entre la lista preparada por un partido u otro.

Como además a ninguno conviene que se muevan los nombramientos durante la legislatura, son los parlamentarios del estado quienes eligen al Consejo General del Poder Judicial, y éste a los jueces integrantes de los tribunales superiores de justicia que habrán de juzgarles si les pillan con las manos en la caja del Estado. A esto se le llama inviolabilidad– más conocido como aforamiento– y cierra el círculo del sistema que, como predijo Lord Acton en 1887, tiende a corromper.
 
Existía por supuesto la posibilidad de que la alternativa tradicional de gobierno – el PSOE-CLM – pudiese regresar al gobierno de la Junta de Comunidades, así que pusieron en marcha ya antes de las elecciones de 2011 una serie organizada de campañas propagandísticas para, al igual que han hecho con muchas otras instituciones y colectivos, desprestigiarle. Aunque seguramente no esperaban que el propio PSOE colaborase con tanto ahínco, hasta aquí nada fuera de lo habitual en las tácticas del Partido Popular.
 
Sin embargo, no le pareció suficiente al Partido Popular de CLM, por al menos dos razones: porque existían instituciones independientes cuya función es velar por el interés de los electores, y porque los demás partidos podrían desgastarle mediante el control parlamentario. Así que con el silencio cómplice de buena parte de la sociedad civil, y el aplauso ingenuo de muchos electores, se pusieron manos a la obra y nos vendieron sus medidas de ahorro y eficiencia. Voy a analizarlas, y para ello sugiero que se fijen en este gráfico, porque es revelador:
 
Evolución del gasto del capítulo de alta dirección de la comunidad de los Presupuestos de CLM
 
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Recuerden el chiste: “- Hola, ¿Cómo estás? – Depende, ¿comparado con quién?”. Cuando hablemos a continuación de gasto público, tenemos, como proletarios que somos, la tendencia a pensar que cuando una cifra pasa del millón es un montón de dinero, y comparada con su sueldo o el mío, probablemente lo es. Sin embargo no es con nuestros sueldos con los que conviene comparar partidas presupuestarias, sino con otras partidas presupuestarias. Así que para comparar, recuerden que en 2014 los Presupuestos le han reservado a la Presidencia de Castilla la-Mancha nada menos que 57.975.980€. Lo han leído bien, casi 58 millones de euros sólo para la Presidencia de Gobierno y su entorno. Así que a partir de ahora, cuando cite los costes de otras instituciones, por favor regresen a esta cifra y comparen.
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Una de las instituciones que podían convertirse en un conductor del descontento popular porque disponía por diseño de una alta capacidad de denuncia, era el Defensor del Pueblo. A cambio de un coste anual de 2.157.000€ (el 0,027% del presupuesto de gasto de la Comunidad) esta institución acogía, analizaba y podía representar ante las Cortes la voz de la ciudadanía. Aunque es habitual que los gobiernos nombren a personas que le son afines, éstas tienden tarde o temprano a elevar la voz, como recientemente ha ocurrido a nivel estatal. Como es mejor prevenir que curar, la oficina del Defensor del Pueblo de CLM fue eliminada mediante Ley 12/2011, y ya no apareció en el presupuesto de 2012. Ahorramos el equivalente a la 1,9% – cincuenta veces menos – de lo que nos cuesta la Presidencia de la Comunidad, pero nos quitaron la voz institucional.
 
Otra institución que resulta de enorme importancia para frenar la corrupción y las malas prácticas de los partidos políticos es la Sindicatura de Cuentas. La Ley 1/1024 ha suprimido esta institución. En esta Ley se viene a decir que para eso ya estaba el Tribunal de Cuentas, un organismo tan lento que cuando publica un informe cinco años después las posibles irregularidades han prescrito, y como se ha sabido recientemente rebosante de nepotismo e incompetencia. Definitivamente, una institución a la medida de los gobiernos del Partido Popular. A cambio de revisar las cuentas públicas y supervisar el gasto de los partidos políticos en CLM, su coste en 2013 fue de 1.614.350€. Con lo que nos cuesta la Presidencia de la Junta se podrían pagar 36 sindicaturas de cuentas, pero ahora ya nadie controla en qué y cómo gasta el dinero el Gobierno de turno, ni las administraciones públicas de CLM, ni los partidos políticos de la región.
 
Queda el órgano de control del Gobierno por excelencia: el Parlamento. Algo había que hacer al respecto, y se hizo.
 
Primero, se les suprimió el salario a los parlamentarios de Castilla-la Mancha alegando que quien quisiese dedicar cuatro años de su vida a la función pública debía hacerlo sin coste para los ciudadanos. Cuanta falacia en tan pocas palabras. Para quienes no estéis al tanto, la asignación de un salario que compensase la pérdida de ingresos de los parlamentarios, y por tanto permitiese la entrada en la institución de las clases trabajadoras y la pequeña burguesía, se estableció en la Carta del Pueblo británica de 1838. Si no hay un salario que compense la pérdida de ingresos, se asegura que sólo quienes no vivan de su trabajo personal, o de un salario, podrá presentar su candidatura a las Cortes. Con independencia del partido al que pertenezcan, porque al fin y al cabo se asume que es mucho más fácil alcanzar el entendimiento dentro de la misma clase social. Claro que a cambio de quitarles el salario a sus señorías, se incrementaron las prebendas y las dietas, con lo que el ahorro es irrisorio: el presupuesto legislativo de 2011 fue de 9.981.000€, el de 2014 descendió algo menos de un 13% hasta un gasto de 8.696.000€. Ahorramos el 0,016% del presupuesto general, pero perdimos la capacidad de ser representados por obreros y pequeños comerciantes.
 
Claro que también podían colarse gente indeseable como asalariados y tenderos desde partidos políticos de clase baja, y por tanto desde la perspectiva de las élites de baja clase. Para eso viene la reforma del Estatuto y la reducción del número de diputados. Imposible conocer a priori el ahorro en este caso: si es proporcional hablaríamos de algo menos de tres millones de euros, pero si nos guiamos por la habitual tradición de repartir lo ahorrado entre los afines como ocurrió al suprimir el sueldo de los diputados, probablemente sea mucho menos. En cualquier caso, a cambio de un ahorro presunto no sólo perdemos la posibilidad de ser representantes, sino incluso de que nos representen personas como nosotros.
 
Llegados aquí, alguien se preguntará cuanto se ha ahorrado en total con estas reformas encaminadas a mejorar la eficiencia de las administraciones. La respuesta es nada. En realidad el gasto presupuestario por la Alta Dirección de la Comunidad Autónoma ha aumentado desde 2011 en 32 millones de euros, porque si bien entre instituciones y sueldos parlamentarios se ganaron 6,5 millones de euros, la Presidencia de la Junta nos cuesta 38,5 millones de euros más de lo que costaba en 2011 porque al tiempo que eliminaba el salario de parlamentarios y hacía desaparecer las instituciones de control, se rodeaba de altos cargos afines. Así que no sólo no se gasta menos, sino que nos cuesta mucho más. El supuesto ahorro, que a mí me avergonzaría llamar así, se ha conseguido de otras partidas como Educación, Sanidad, Programas Sociales, Empleo, y muchos otros. Pero eso sería otro tema.
 
 
Saludos.

 

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